Defensa y reclamación penal por impago de pensiones

No debes equipararlos automáticamente al pago judicialmente debido. Hay que comprobar el contenido de la obligación y si existe un cumplimiento jurídicamente válido.

No. El conflicto sobre visitas debe encauzarse por su vía propia y no elimina la obligación económica judicialmente fijada.

No necesariamente. El pago puede reparar el daño e influir en la pena, pero debe examinarse si ya se produjo un incumplimiento delictivo.

Sí. El artículo 227 establece que la reparación del daño comporta siempre el pago de las cantidades adeudadas derivadas del delito.

El artículo 227.2 contempla determinadas prestaciones conjuntas o únicas. Hay que comprobar que la obligación y el supuesto encajan en su regulación.

La persecución está sujeta al régimen de denuncia de la persona agraviada o su representante, con intervención del Ministerio Fiscal en los supuestos previstos.

No. Son vías con presupuestos y objetivos distintos que deben coordinarse, evitando duplicar el cobro de una misma deuda.

El proceso penal por impago no sustituye el procedimiento familiar de modificación de la prestación. Deben distinguirse responsabilidad pasada y obligación futura.

Sí, si concurren los elementos de frustración de la ejecución u otro tipo. No basta alegar una deuda: deben acreditarse los actos patrimoniales relevantes.

El artículo 227.1 prevé prisión o multa. La elección e individualización requieren atender a los hechos y a las reglas legales.

Sí, si es penal y firme. La cancelación depende de la pena impuesta, su extinción y el plazo legal sin volver a delinquir.

La resolución o convenio aprobado, una relación mensual de lo debido, justificantes de cobro y requerimientos ayudan a concretar el incumplimiento y la prueba.

Documenta ingresos, prestaciones, gastos esenciales, bienes, pagos efectuados y cambios económicos. La defensa debe explicar la capacidad real durante los periodos imputados.

No. Esa expresión puede describir el impacto del incumplimiento, pero no sustituye los requisitos legales ni la prueba de una conducta penalmente responsable.