Preguntas y respuestas de derecho penal

El Código Penal contempla, en todo caso, tasas superiores a 0,60 mg/l en aire o 1,2 g/l en sangre, sin perjuicio de valorar los márgenes técnicos aplicables.

Sí, si se acredita que conducías bajo la influencia del alcohol. Se valoran la conducción, los síntomas, las pruebas y las demás circunstancias.

No. El límite administrativo y el delito son cuestiones distintas. La vía penal requiere los presupuestos del Código Penal y prueba suficiente.

La negativa a una prueba legalmente requerida puede constituir otro delito. La segunda medición no debe confundirse con una prueba voluntaria elegida por el conductor.

No necesariamente. La negativa tiene relevancia penal propia y la influencia del alcohol puede acreditarse por otros medios de prueba.

Sí. La persona investigada tiene derecho a asistencia letrada y a conocer los hechos atribuidos antes de prestar declaración en los términos legales.

Sí. Puedes no declarar o no contestar determinadas preguntas. Ese derecho no equivale a una facultad de rechazar las pruebas de alcohol legalmente exigibles.

No. El tipo básico prevé alternativamente prisión, multa o trabajos comunitarios, además de privación del derecho a conducir. La pena concreta depende del caso.

El artículo 379 incorpora la privación del derecho a conducir junto a la pena principal alternativa. Su duración debe fijarse en la sentencia.

La necesidad laboral no autoriza por sí sola a conducir durante la privación judicial. Hacerlo puede constituir un nuevo delito.

No debes darlo por permitido. La pena supone una privación temporal continuada; su ejecución y fechas deben respetar la resolución judicial.

Si se cumplen los requisitos del artículo 801, puede reducirse en un tercio la pena solicitada. Supone aceptar una condena y exige asesoramiento individual.

No. Antes hay que revisar la prueba, los hechos, las penas y sus consecuencias. La conformidad debe prestarse libremente y con información suficiente.

La ausencia de accidente no excluye el delito de alcoholemia. El artículo 379 no exige que se produzcan lesiones o daños.

Pueden concurrir delitos de resultado y responsabilidades civiles. Deben estudiarse la imprudencia, la causalidad y las reglas especiales del concurso vial.

El artículo 379 también castiga conducir bajo la influencia de drogas. Un resultado analítico debe valorarse junto a los elementos del concreto tipo penal.

Sí, cuando supera los umbrales penales: más de 60 km/h sobre el límite urbano o más de 80 km/h sobre el interurbano, con la valoración técnica correspondiente.

El atestado, los resultados y horarios de las mediciones, la citación y la información sobre el instrumento permiten preparar la defensa y proponer comprobaciones.

Sí, una condena penal firme genera antecedentes. Su cancelación requiere la extinción de la responsabilidad penal y el transcurso del plazo legal sin delinquir.

El artículo 384 castiga conducir un vehículo a motor o ciclomotor sin haber obtenido nunca permiso o licencia. No exige causar un accidente.

Sí, cuando existe pérdida de vigencia por pérdida total de puntos y concurren los presupuestos del tipo, incluido el conocimiento exigible de esa situación.

No. Son situaciones distintas. Debe comprobarse si hay una infracción administrativa o alguno de los supuestos concretos del artículo 384.

No. No llevar físicamente el documento no demuestra que carezcas de autorización. Es necesario identificar la situación real del permiso.

Conducir durante una privación cautelar o definitiva acordada judicialmente puede constituir delito. Deben comprobarse la resolución, su notificación y el periodo aplicable.

No. Tienen distinto origen y régimen. Ambas pueden ser relevantes penalmente al conducir, pero sus presupuestos y documentos acreditativos son diferentes.

El delito del artículo 384 no exige una maniobra peligrosa adicional en sus modalidades típicas. Debe acreditarse la conducción y la concreta falta de habilitación.

El artículo 384 prevé alternativamente prisión, multa o trabajos comunitarios. La individualización y una posible suspensión requieren estudiar la sentencia y las circunstancias personales.

Obtenerlo después no borra los hechos anteriores. Además, cualquier prohibición judicial vigente debe respetarse; conviene revisar sus efectos antes de iniciar gestiones.

No puede responderse sin examinar el documento, su autenticidad, la habilitación que acredita y la modalidad imputada. No toda irregularidad de canje equivale a delito.

La actividad profesional no crea una excepción automática a una privación judicial. Cualquier petición debe resolverse por la vía legal correspondiente antes de conducir.

Sí, si la ayuda integra una participación penalmente relevante. No es necesario llevar el volante para que se examine una cooperación consciente.

No automáticamente. Importan las características técnicas y la clasificación jurídica del aparato. Debe comprobarse si encaja en los vehículos a los que se refiere el tipo.

Depende de las circunstancias de la vía y del hecho atribuido. La etiqueta propiedad privada no resuelve por sí sola el alcance del delito vial.

Sí. La defensa puede examinar el expediente, las comunicaciones y la prueba del conocimiento. Una irregularidad debe relacionarse con los elementos del delito.

Las circunstancias personales pueden ser relevantes en la individualización o ejecución, pero no excluyen por sí solas una conducción típica acreditada.

Puede estudiarse si el procedimiento y la acusación cumplen sus requisitos. Deben revisarse la prueba y las consecuencias de aceptar una condena.

La citación, el atestado disponible, el historial de la DGT, las resoluciones judiciales y las notificaciones ayudan a identificar qué modalidad se atribuye.

Puede influir. No toda condena previa produce el mismo efecto: deben examinarse su naturaleza, relevancia, cancelación y los requisitos de cada modalidad de suspensión.

No necesariamente. El Código Penal contempla determinados actos contra la esposa, expareja o mujer ligada por relación análoga, aun sin convivencia.

Sí. El maltrato de obra y otras conductas pueden ser punibles sin lesión visible. También debe valorarse la posible violencia psicológica.

Es una situación de violencia física o psíquica habitual en el ámbito previsto por la ley. Se valoran la proximidad y pluralidad de actos, sin exigir condenas previas por cada uno.

Sí. Pueden acordarse medidas cautelares cuando concurran los requisitos de riesgo y justificación. La orden de protección no exige esperar a una condena.

Puede solicitarse ante el juzgado, Fiscalía, policía, oficinas de atención a la víctima y determinados servicios asistenciales, que deben remitirla al órgano competente.

Sí, puede incorporar medidas civiles en los supuestos legales. Deben concretarse las necesidades de protección, las resoluciones familiares existentes y los plazos aplicables.

No. El órgano judicial debe valorar los indicios y una situación objetiva de riesgo que justifique las medidas solicitadas.

No. En delitos perseguibles de oficio, el procedimiento puede continuar aunque la víctima cambie de posición. Debe distinguirse denunciar, acusar y declarar.

La dispensa familiar tiene requisitos y excepciones, incluida la previa acusación particular o haber aceptado declarar tras información adecuada. Hay que revisar el artículo 416 y la situación procesal.

No. El consentimiento de las personas afectadas no revoca una resolución judicial. Debe obtenerse su modificación o cese por el órgano competente.

Sí, si son pertinentes y su obtención e integridad permiten utilizarlos. Conviene conservar los originales y su contexto, evitando accesos no autorizados.

No automáticamente. Deben examinarse la prescripción y la prueba disponible. El tiempo transcurrido también debe valorarse en el contexto de los hechos.

Sí. Puede tener valor de cargo si se practica y valora con garantías. No existe una condena automática ni una exclusión por falta de testigos presenciales.

Sí, si se acredita un daño indemnizable y su relación con el delito. La valoración puede requerir informes clínicos o periciales.

Tienes derecho a conocer la imputación, asistencia letrada y una defensa con prueba de descargo. Debes cumplir las medidas judiciales mientras estén vigentes.

No. La insuficiencia de prueba o una absolución no acreditan por sí solas una acusación falsa, que tiene requisitos propios.

No existe una respuesta única por esa etiqueta. Los hechos pueden encajar, por ejemplo, en impago de pensiones, coacciones u otros delitos si cumplen sus requisitos.

Sí. El matrimonio o la relación de pareja no sustituyen el consentimiento libre ni excluyen un delito contra la libertad sexual.

Una cronología, mensajes originales, informes asistenciales, denuncias y resoluciones previas pueden ayudar a identificar episodios y pruebas, sin alterar ni completar artificialmente su contenido.

Importan, entre otros elementos, la necesidad objetiva de tratamiento médico o quirúrgico además de una primera asistencia. No depende solo de los días de curación.

No por sí sola. El tipo exige tratamiento médico o quirúrgico adicional; la simple vigilancia o seguimiento de la evolución no se considera tratamiento a esos efectos.

Sí. Puede existir maltrato de obra sin lesión o una lesión psíquica acreditada. La ausencia de marcas no determina por sí sola el archivo.

Sí. Debe examinarse la actuación sanitaria realmente necesaria y documentada. La calificación no se decide solo por cómo se denomine el parte.

El empleo de instrumentos peligrosos puede integrar un subtipo agravado, atendiendo al riesgo y resultado del caso. No se aplica sin comprobar sus presupuestos.

Pueden aplicarse tipos específicos de lesiones graves. Importan la entidad funcional del daño y su acreditación médica, además de la imputación al autor.

Sí, cuando existe un menoscabo de la salud psíquica penalmente relevante y se prueban los requisitos del tipo. La pericial puede resultar decisiva.

Las modalidades de los apartados 2 y 3 del artículo 147 exigen denuncia de la persona agraviada o su representante, sin confundirlas con delitos especiales familiares.

Sí. El Código Penal contempla lesiones imprudentes en los supuestos previstos. Deben acreditarse el deber de cuidado incumplido, el resultado y su conexión.

Puede ocurrir si una falta de cuidado penalmente relevante provoca lesiones y concurren los requisitos legales. La mera condición de propietario no resuelve toda la responsabilidad.

Puede estudiarse. Exige agresión ilegítima, necesidad racional del medio y falta de provocación suficiente; no legitima cualquier represalia posterior.

No. Deben individualizarse las agresiones, lesiones y participación de cada persona. La reciprocidad no elimina automáticamente la responsabilidad.

Pueden reclamarse los gastos necesarios relacionados con el daño, siempre que se acrediten. La indemnización puede incluir otros conceptos de perjuicio.

Sí, si constituye una secuela acreditada causada por los hechos. Su valoración requiere atender a las características concretas y la prueba disponible.

La reparación o disminución del daño antes del juicio oral puede ser atenuante si se cumplen los requisitos. No garantiza archivo ni absolución.

El parte inicial es útil, pero puede ser necesaria una valoración forense de tratamiento, evolución y secuelas. La prueba adecuada depende de lo discutido.

Sí. Pueden practicarse diligencias para identificar al responsable. Conviene aportar descripciones, testigos y otros datos verificables sin formular identificaciones inseguras.

No necesariamente. El efecto depende del delito, su régimen de persecución y las decisiones judiciales. Un acuerdo sobre indemnización no borra siempre la responsabilidad penal.

Partes médicos, evolución clínica, fotografías originales, gastos y datos de testigos ayudan a documentar el daño y su relación con los hechos.

El hurto supone apoderamiento sin violencia, intimidación ni fuerza típica para acceder o abandonar el lugar. El robo incorpora alguna de esas formas previstas legalmente.

No. Existen circunstancias agravadas y reglas de multirreincidencia. Debe comprobarse la redacción vigente al tiempo de los hechos, incluida la reforma de 2026.

Sí, bajo los requisitos legales. No cuentan los cancelados o que debieran estarlo; hay que revisar naturaleza, firmeza y fechas de las condenas.

El artículo 234 contempla una agravación de la pena por neutralizar dispositivos de alarma o seguridad de las cosas sustraídas. Debe acreditarse esa actuación.

Sí. El fracturamiento de puertas o ventanas es una de las modalidades de fuerza previstas, siempre que concurra con los demás elementos del robo.

El uso de llaves falsas comprende supuestos definidos por la ley, incluidas determinadas llaves sustraídas. Es necesario examinar cómo se obtuvieron y emplearon.

No. Según la violencia ejercida y los hechos, puede constituir robo con violencia. La denominación coloquial no determina la calificación.

No automáticamente. Puede influir en la reparación y en la pena, pero no borra un apoderamiento ya cometido.

Puede existir tentativa o consumación según la disponibilidad sobre el objeto y las circunstancias. Salir físicamente del establecimiento no es el único criterio.

No necesariamente. Puede plantear una apropiación de cosa mueble ajena u otra calificación según cómo se recibió o encontró y la conducta posterior.

Sí, si concurren los requisitos de receptación, entre ellos el conocimiento del origen delictivo y la conducta de aprovechamiento o ayuda prevista.

No necesariamente. Pueden utilizarse otros medios de prueba con garantías. La acusación debe acreditar la autoría y los elementos del delito.

Pueden aportarse y examinarse si son pertinentes y utilizables legalmente. La identificación, integridad y contexto de las imágenes pueden ser objeto de contradicción.

El robo en casa habitada tiene una regulación específica. Debe analizarse la naturaleza del lugar, la forma de acceso y las circunstancias de ejecución.

No automáticamente. La responsabilidad depende de tu intervención y del conocimiento y alcance del plan compartido, con prueba individualizada.

Sí, la tentativa es punible cuando concurren sus requisitos. Su pena se determina atendiendo al grado de ejecución y al peligro generado.

Debe acreditarse el valor de los bienes conforme a las reglas aplicables al procedimiento. En establecimientos comerciales existe una regla específica de valoración.

Sí, si quedan daños u otros perjuicios acreditados. La restitución y la indemnización son conceptos relacionados pero diferentes.

No. El hurto y el robo no se extinguen de forma general por un perdón privado. Puede valorarse la reparación sin que ello suprima automáticamente el delito.

La amenaza anuncia un mal con relevancia intimidatoria. El insulto afecta al honor; su tratamiento depende del contenido, contexto y de los requisitos de cada delito.

No. Puede comunicarse por mensajes, llamadas u otros medios. Deben examinarse su contenido, destinatario, seriedad y circunstancias.

Sí. La ejecución del mal anunciado no es necesaria para toda amenaza. Importa que se acrediten los elementos del concreto tipo.

La existencia de una deuda no autoriza cualquier presión. El medio utilizado puede encajar en amenazas o coacciones, según los hechos.

Consisten, en el supuesto básico, en impedir con violencia lo que la ley permite o compeler a hacer lo no querido, sin autorización legítima.

Puede serlo según el derecho de uso, la finalidad y los medios empleados. Conviene acudir a la vía judicial y examinar la situación posesoria.

Sí, si integra una conducta coactiva. Ser titular del contrato no autoriza automáticamente a usar el suministro para forzar la salida de otra persona.

La ley exige conductas insistentes y reiteradas, sin autorización legítima, que alteren el normal desarrollo de la vida cotidiana en los términos del artículo 172 ter.

El delito de acoso requiere insistencia y reiteración. Un mensaje aislado puede tener otra relevancia, pero no satisface por sí solo esos requisitos.

No. Puedes conservar los mensajes y demás pruebas. El bloqueo no determina por sí solo la inexistencia de una conducta previa penalmente relevante.

Sí. El Código Penal prevé supuestos específicos, además de la regulación general. La relación no legitima imponer decisiones mediante presión penalmente relevante.

El artículo 172 ter contempla determinados usos no consentidos de la imagen que provoquen acoso, hostigamiento o humillación. Deben concurrir sus requisitos.

La ley contempla anuncios de males dirigidos a familiares u otras personas íntimamente vinculadas. Es necesario analizar el contenido y el concreto supuesto.

Puede pedirse una medida cautelar de alejamiento o comunicación si concurren los requisitos legales y resulta necesaria y proporcionada.

No es necesario generar nuevos contactos. Conviene preservar los originales existentes y trasladar cualquier riesgo o nuevo incidente a las autoridades competentes.

Pueden aportarse, pero su autenticidad y contexto pueden discutirse. Conserva el dispositivo, los originales y la conversación completa cuando sea posible.

No deben reducirse a golpes. La valoración incluye el modo concreto de imponer o impedir una conducta y su encaje en la interpretación del tipo.

No. Deben examinarse las palabras, el contexto, la entidad del mal y los demás elementos exigidos; una mala relación no basta.

Una cronología, los contactos originales, cambios de rutinas, testigos y resoluciones previas ayudan a valorar la reiteración, sus efectos y posibles medidas.

En su modalidad común exige engaño bastante, ánimo de lucro y un acto de disposición que cause perjuicio. Una pérdida económica no acredita por sí sola esos elementos.

No. Hay que distinguir un incumplimiento civil de un engaño penalmente relevante. Importan el momento, la intención y las maniobras que provocaron la entrega.

Puede haber estafa, pero hay que investigar el engaño y no solo el retraso. Conserva anuncio, pedido, comunicaciones, pago y datos del vendedor.

No puede afirmarse así. La cuantía, las circunstancias agravadas y la regulación vigente condicionan la pena; hay que revisar el tipo aplicable.

Puede serlo para la estafa y otros delitos, según la conducta. Deben individualizarse el engaño, la suplantación y los documentos empleados.

La ley contempla manipulaciones o artificios informáticos que provocan transferencias patrimoniales no consentidas y otras conductas específicas. No requiere reproducir exactamente el engaño presencial.

No. Hay que acreditar el engaño y su relación con la entrega del dinero. El riesgo inversor y la pérdida no sustituyen esa prueba.

Pueden ayudar a reconstruir el engaño si se contrastan con la realidad del producto, la capacidad del oferente y el destino de los fondos.

En términos generales, la estafa utiliza el engaño para obtener el desplazamiento; la apropiación parte de una recepción que genera obligación de entrega o devolución.

Sí, si concurren los requisitos de apropiación indebida u otro tipo. Hay que acreditar la entrega, su destino y la disposición realizada.

Sí, en los supuestos legales de responsabilidad de personas jurídicas. Deben acreditarse sus presupuestos y respetarse sus propias garantías de defensa.

Sí, la acción civil puede ejercitarse junto a la penal, salvo renuncia o reserva en los términos legales. Debe documentarse el perjuicio.

No automáticamente. La reparación puede influir en la pena, pero no elimina necesariamente un delito ya consumado.

Recibirla no basta por sí solo. Debe acreditarse tu intervención y conocimiento relevantes para el delito atribuido; hay que explicar el origen y destino de los fondos.

Puede generar una investigación y, si se acredita participación consciente, responsabilidad. Deben examinarse mensajes, instrucciones, operaciones y la función real de la cuenta.

Sí, según cómo se elabore y utilice puede integrar el engaño y, en su caso, una falsedad documental. La calificación depende del documento y los hechos.

Puedes describir todas las operaciones relacionadas. Su consideración como continuidad delictiva u otros delitos requiere analizar el plan, la pluralidad de actos y las víctimas.

Contratos, publicidad, conversaciones completas, justificantes bancarios y datos de las cuentas permiten reconstruir la oferta, las entregas y el perjuicio.

No. Su valor económico no basta: deben concurrir el título de recepción, la obligación de devolver y los demás elementos del delito.

El supuesto periódico del artículo 227 contempla dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos de impago, además de los restantes requisitos del delito.

No. La prestación debe encajar en los supuestos legales y estar fijada en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, con los demás requisitos del tipo.

Debe analizarse la capacidad real de pago y la conducta voluntaria. Una imposibilidad efectiva no equivale a decidir incumplir pudiendo pagar.

No modifica por sí solo la resolución familiar. Deben valorarse los ingresos y recursos reales y, cuando proceda, solicitar la modificación por la vía correspondiente.

No automáticamente. Importan la entidad de lo omitido, la capacidad económica y el conjunto del incumplimiento; debe estudiarse el caso concreto.

No debes equipararlos automáticamente al pago judicialmente debido. Hay que comprobar el contenido de la obligación y si existe un cumplimiento jurídicamente válido.

No. El conflicto sobre visitas debe encauzarse por su vía propia y no elimina la obligación económica judicialmente fijada.

No necesariamente. El pago puede reparar el daño e influir en la pena, pero debe examinarse si ya se produjo un incumplimiento delictivo.

Sí. El artículo 227 establece que la reparación del daño comporta siempre el pago de las cantidades adeudadas derivadas del delito.

El artículo 227.2 contempla determinadas prestaciones conjuntas o únicas. Hay que comprobar que la obligación y el supuesto encajan en su regulación.

La persecución está sujeta al régimen de denuncia de la persona agraviada o su representante, con intervención del Ministerio Fiscal en los supuestos previstos.

No. Son vías con presupuestos y objetivos distintos que deben coordinarse, evitando duplicar el cobro de una misma deuda.

El proceso penal por impago no sustituye el procedimiento familiar de modificación de la prestación. Deben distinguirse responsabilidad pasada y obligación futura.

Sí, si concurren los elementos de frustración de la ejecución u otro tipo. No basta alegar una deuda: deben acreditarse los actos patrimoniales relevantes.

El artículo 227.1 prevé prisión o multa. La elección e individualización requieren atender a los hechos y a las reglas legales.

Sí, si es penal y firme. La cancelación depende de la pena impuesta, su extinción y el plazo legal sin volver a delinquir.

La resolución o convenio aprobado, una relación mensual de lo debido, justificantes de cobro y requerimientos ayudan a concretar el incumplimiento y la prueba.

Documenta ingresos, prestaciones, gastos esenciales, bienes, pagos efectuados y cambios económicos. La defensa debe explicar la capacidad real durante los periodos imputados.

No. Esa expresión puede describir el impacto del incumplimiento, pero no sustituye los requisitos legales ni la prueba de una conducta penalmente responsable.

La cautelar protege durante el proceso y la pena deriva de una condena. Ambas deben respetarse mientras estén vigentes, según su contenido judicial.

No revoca una orden judicial. Debes respetarla hasta que el órgano competente acuerde su modificación o cese.

No. La reconciliación no sustituye la decisión judicial. El contacto puede seguir siendo un quebrantamiento mientras la prohibición permanezca vigente.

Puede hacerlo, según sus circunstancias, si permite a la persona protegida conocer el contacto y su procedencia. No es imprescindible mantener una conversación.

Sí, si vulnera una prohibición vigente y concurren los elementos del delito. Hay que leer el alcance de los canales y contactos prohibidos.

Interponer a otra persona no garantiza que el contacto sea lícito. La comunicación indirecta debe valorarse conforme al contenido de la resolución.

Quien tiene restringida la aproximación debe apartarse al advertir la coincidencia. Conviene documentar el incidente y respetar estrictamente la distancia judicial.

La obligación de cumplir la prohibición recae sobre su destinatario. No puedes trasladarle a la persona protegida el deber de evitar tu incumplimiento.

Primero debe atenderse a lo fijado en la resolución judicial. La jurisprudencia utiliza, en defecto de precisión, la medición en línea recta.

No existe una excepción automática. Deben organizarse canales compatibles con la resolución y pedir aclaración judicial si hace falta antes de contactar.

No. La petición no suspende por sí misma su vigencia. Debes esperar a una decisión judicial que cambie la obligación.

Puede solicitarse, aportando circunstancias y alternativas. El órgano judicial debe valorar protección, necesidad y proporcionalidad; la concesión no es automática.

Sí, el artículo 468 prevé prisión en determinados supuestos, incluidos los relativos a medidas o penas de protección de personas del ámbito legalmente previsto.

Sí. El juzgado puede revisar la protección y valorar medidas más restrictivas conforme a los requisitos legales, además de investigar el quebrantamiento.

Sí. El artículo 468 contempla conductas que inutilizan, perturban o incumplen determinadas obligaciones sobre dispositivos técnicos de control.

No automáticamente. Debe analizarse el conocimiento de la resolución y la conducta concreta. Es esencial conservar y revisar sus notificaciones.

No debe darse por supuesto. Hay que examinar qué medida estaba vigente, su contenido y la situación procesal al tiempo del contacto.

La resolución íntegra, sus notificaciones, eventuales modificaciones y las pruebas del contacto o proximidad permiten estudiar vigencia, alcance y conocimiento.

Sí. Conserva la comunicación original y facilita sus datos a las autoridades. No es necesario responder para que se valore el posible incumplimiento.

Son anotaciones de condenas penales firmes en el registro correspondiente. No deben confundirse con una denuncia o una investigación sin condena.

No. La mera denuncia no es una condena penal firme. Puede dar lugar a una investigación con un resultado todavía por determinar.

No. Tienen distinto origen y régimen. La cancelación penal del artículo 136 no resuelve por sí sola cualquier anotación policial.

Sí. Una condena firme a multa es una condena penal, aunque no implique ingreso en prisión.

Sí. La suspensión afecta a la ejecución de la pena, no elimina la condena. La cancelación tiene requisitos y cómputos específicos.

No. Primero debe extinguirse la responsabilidad penal y después transcurrir el plazo legal sin volver a delinquir, atendiendo a la pena correspondiente.

El plazo previsto para penas leves es de seis meses sin volver a delinquir, computado conforme al artículo 136 tras la extinción.

No. La ley distingue seis meses, dos, tres, cinco o diez años según la pena y el supuesto. Es necesario clasificarla correctamente.

Como regla, desde el día siguiente a la extinción de la pena. Para la remisión condicional existen reglas de cómputo específicas.

Sí. Una sentencia puede imponer varias penas y consecuencias. Conviene comprobar su extinción y la liquidación para calcular correctamente la cancelación.

Sí, el artículo 136 reconoce la cancelación de oficio o a instancia de parte cuando se cumplen sus requisitos.

Corresponde al Ministerio de Justicia. Antes de tramitarla conviene comprobar la pena, su extinción y las fechas, utilizando los canales oficiales.

Puede pedirse su cancelación y aportar la documentación necesaria. La ley también contempla su tratamiento judicial cuando debiera haberse cancelado.

No debe computarse como reincidencia el antecedente cancelado o que debiera estarlo, conforme a los requisitos del Código Penal.

No. La agravante exige los requisitos legales de naturaleza y ubicación del delito, además de firmeza y ausencia de cancelación procedente.

Pueden influir, pero el artículo 80 distingue antecedentes irrelevantes, cancelables, imprudentes y otras circunstancias. El examen no es una prohibición automática en todo caso.

Ambos son útiles, junto a la liquidación y las resoluciones de extinción o remisión. El certificado por sí solo puede no explicar todo el cómputo.

No automáticamente. La cancelación registral y la retirada o desindexación de información en internet son cuestiones distintas, con reglas propias.

No. La suspensión requiere una decisión motivada y cumplir sus requisitos. La duración de la pena no es el único elemento valorable.

Significa dejar en suspenso su ejecución bajo condiciones y durante un plazo. No equivale a una absolución ni elimina inmediatamente los antecedentes.

El órgano judicial competente, mediante resolución motivada y atendiendo a los requisitos legales y a las circunstancias personales y del hecho.

Sí. Pueden establecerse prohibiciones, deberes y prestaciones en los supuestos previstos. Debes conocer exactamente el contenido de la resolución.

Puede modificarse el régimen o revocarse la suspensión según la gravedad y los supuestos legales. No conviene ignorar ningún requerimiento judicial.

La ley exige valorar sus presupuestos y la incidencia del nuevo delito en el pronóstico de la suspensión. Debe resolverse judicialmente.

El juez puede autorizar el pago aplazado dentro de los límites legales y atendiendo a la situación del condenado. Debe pedirse y justificarse.

Debe fijarse atendiendo a la situación económica, patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares. Es importante aportar datos verificables.

La ley permite revisar cuotas o plazos ante un cambio económico relevante, tras la correspondiente indagación. No se modifica automáticamente por dejar de pagar.

Puede generarse responsabilidad personal subsidiaria en los supuestos legales, tras examinar el impago y la vía de apremio. No equivale a una deuda civil corriente.

Sí. El Código Penal establece que no pueden imponerse sin consentimiento del penado y regula sus condiciones de ejecución.

No. Una incidencia laboral o médica debe comunicarse y justificarse por los cauces de ejecución. El incumplimiento puede tener consecuencias.

Sí. La satisfacción o el compromiso de pago conforme a la capacidad económica es relevante en los términos del artículo 80.

No. La acumulación y sus límites requieren examinar fechas de hechos, sentencias y reglas de cumplimiento. No es una simple suma o unificación voluntaria.

No necesariamente. El Código Penal fija límites y excepciones; además, el cómputo de beneficios puede tener reglas diferentes.

En los supuestos legales, con valoración de proporcionalidad y circunstancias como el arraigo. No es una consecuencia uniforme de toda condena.

No necesariamente. La extinción de la pena no elimina por sí sola la responsabilidad civil pendiente derivada del delito.

La sentencia firme, liquidaciones, requerimientos, resoluciones de suspensión y justificantes de pagos o cumplimiento permiten identificar obligaciones y plazos.

Que se te atribuye provisionalmente participación en unos hechos y tienes derechos de defensa. No equivale a una condena.

Sí, con la información y el acceso previstos legalmente para ejercer la defensa, sin perjuicio de limitaciones justificadas como el secreto acordado.

Sí, en los términos legales. Si no designas uno cuando su intervención sea necesaria, deben articularse los mecanismos de asistencia correspondientes.

Sí, con las garantías y excepciones legalmente previstas. La confidencialidad de la comunicación forma parte de la defensa.

No. Tienes derecho a guardar silencio, no contestar algunas preguntas y no declarar contra ti mismo, con información comprensible de tus derechos.

Solo el tiempo estrictamente necesario para las averiguaciones y, como máximo ordinario, setenta y dos horas antes de libertad o puesta a disposición judicial.

Sí. El detenido tiene derecho a reconocimiento por el médico forense, su sustituto legal u otro profesional en los supuestos previstos.

Sí, en los términos legales, incluida la asistencia necesaria para comprender las actuaciones y ejercer la defensa.

Es un procedimiento para determinados delitos y circunstancias legales que permite concentrar actuaciones. No todo asunto sencillo puede tramitarse por esta vía.

No. Existen diligencias, defensa y decisiones procesales. Una eventual conformidad o juicio debe respetar las garantías correspondientes.

Sí. Requiere conocer los hechos y consecuencias y prestar consentimiento válido. No debe aceptarse únicamente por la prisa de terminar la comparecencia.

Sí, por los cauces y momentos procesales adecuados. El órgano judicial decidirá su pertinencia y utilidad conforme a la ley.

Es el archivo en los supuestos legales sin cerrar necesariamente la posibilidad de reapertura si aparecen elementos suficientes y el delito no ha prescrito.

Se acuerda por causas legales distintas, como que el hecho no sea delito, y tiene un alcance de cierre diferente al provisional.

Depende del tipo de resolución, procedimiento y plazo. Hay que revisar la notificación completa y el régimen del recurso antes de que venza.

No. Es una medida cautelar excepcional sujeta a requisitos, fines y límites. Puede solicitarse su revisión conforme a la ley.

No para formular cualquier denuncia, pero la asistencia puede ser útil y es necesaria en determinadas actuaciones. Denuncia y querella tienen requisitos diferentes.

Puede ejercitarse la acción penal y civil en los términos legales. Deben revisarse legitimación, personación, perjuicios y documentación.

Citación y notificaciones completas, denuncias o atestado disponibles, resoluciones previas y pruebas originales. Señala fechas de recepción para revisar plazos.

Puede serlo si concurren los elementos del descubrimiento de secretos u otro tipo. La relación personal o de pareja no constituye una autorización general.

No necesariamente. Deben examinarse la autorización real, su alcance y la conducta realizada. La capacidad técnica de acceso no resuelve su licitud.

Sí, según la forma y finalidad del acceso y los datos afectados. Una relación anterior no legitima entrar en sus comunicaciones privadas.

Sí. Algunas modalidades castigan el descubrimiento o acceso típico sin exigir una divulgación posterior. Hay que identificar el supuesto concreto.

Sí, en los supuestos del artículo 197.7. Consentir la obtención o el envío a una persona no equivale a consentir cualquier difusión.

Puede hacerlo en los términos del artículo 197.7, según cómo se recibió, el conocimiento y la difusión. No debe suponerse impunidad por no haberlo grabado.

No. El acceso debe estar legítimamente justificado. Tener permisos informáticos por el trabajo no autoriza consultas personales ajenas a sus funciones.

Sí. Debe analizarse la información protegida, la autorización y el concreto acceso. No es necesario que exista una finalidad económica.

Sí. La captación clandestina en espacios íntimos puede integrar un delito, según las circunstancias y los requisitos legales.

No. La propiedad del soporte no elimina los derechos de otras personas sobre datos, comunicaciones o imágenes íntimas.

No puede equipararse sin más a interceptar una conversación ajena. Deben estudiarse contenido, circunstancias, uso posterior y derechos afectados.

Puede ser posible si son pertinentes y se obtuvieron legítimamente. La defensa y el órgano judicial deben valorar privacidad, integridad y finalidad probatoria.

El artículo 201 establece un régimen de denuncia con excepciones. Deben comprobarse el tipo, la víctima y las circunstancias previstas legalmente.

Puede tenerlo cuando se utilizan facultades o condición pública en los supuestos legales. La calificación depende de qué información se revela y cómo se obtuvo.

Sí. La revelación de secretos conocidos por razón de profesión u oficio puede integrar los supuestos del artículo 199.

Sí, si se acredita un daño causado por el delito. Deben documentarse difusión, alcance y perjuicios, incluidos los morales.

URL, fechas, mensajes originales y evidencias de difusión, evitando reenviarlas innecesariamente. La prueba debe preservarse de forma que permita comprobar su autenticidad.

No. La recuperación técnica no sustituye el consentimiento ni otra habilitación. Copiar o difundir datos protegidos puede tener relevancia penal.

No. El allanamiento protege la morada; la usurpación no violenta del artículo 245.2 se refiere a inmuebles que no la constituyen.

La protección se relaciona con el espacio donde se desarrolla la vida privada. No depende únicamente de ser propietario o de una inscripción administrativa.

Puede serlo si mantiene esa función de vida privada. Hay que analizar su uso real; no se descarta solo por no ser la vivienda habitual.

No. Importan su función, autorización, permanencia, oposición del titular y posible violencia. La calificación requiere estudiar los hechos.

El artículo 245.2 prevé multa para su supuesto de ocupación no autorizada de inmueble ajeno que no sea morada, con los demás requisitos legales.

El artículo 245.1 establece una respuesta distinta y contempla las penas de las violencias ejercidas. Debe diferenciarse de la ocupación no violenta.

No. Un impago dentro de una relación arrendaticia no equivale por sí solo a una entrada sin título. Hay que valorar contrato, posesión y vías de reclamación.

No. Debe distinguirse el desacuerdo civil sobre uso o posesión de una conducta que reúna todos los elementos de un delito.

No debe actuarse sin analizar la situación y el procedimiento adecuado. Puede afectar a la posesión o morada ajena y generar responsabilidad.

Utilizarlos como presión puede constituir coacciones según los hechos. Es necesario acudir a los cauces legales de recuperación que correspondan.

Acredita aspectos de titularidad, pero no demuestra por sí sola falta de autorización, morada, autoría y demás elementos del delito.

Pueden estudiarse medidas de protección o restitución en el procedimiento, según sus presupuestos. No existe una concesión automática por presentar denuncia.

No. El procedimiento, la identificación de ocupantes, la prueba y las resoluciones necesarias influyen. No puede garantizarse un desalojo con una duración uniforme.

La LECrim incluye estos delitos entre los posibles supuestos, pero deben cumplirse también los restantes requisitos del procedimiento. No es automático.

Sí. Hay que examinar quién autorizó, con qué alcance y qué ocurrió después. No es igual entrar sin consentimiento que discutir la terminación de un título.

Pueden ayudar a acreditar uso y circunstancias, pero no determinan por sí solas la titularidad, la autorización o la existencia de morada.

Sí, si se acredita su realidad y relación con los hechos. Deben distinguirse restitución, reparación y otros perjuicios reclamables.

Título, contrato y comunicaciones, resoluciones previas, uso real del inmueble y pruebas de acceso o daños permiten decidir la vía adecuada.

No. El delito del artículo 368 se centra en conductas de cultivo, elaboración, tráfico o favorecimiento del consumo ilegal y posesión con esos fines.

No automáticamente. La finalidad, presentación, contexto y demás pruebas importan. Una cifra aislada no determina por sí sola el destino al consumo propio.

No puede ofrecerse esa garantía general. Deben examinarse sustancia, pureza, destino y conjunto de indicios del caso.

Sí. El ánimo de lucro no es un requisito de toda conducta de favorecimiento del consumo ilegal. El consumo compartido no punible tiene límites jurisprudenciales.

No. Hay que valorar finalidad y circunstancias. El cultivo orientado al tráfico o a favorecer consumo ilegal puede integrar el artículo 368.

No. La inscripción no equivale a una autorización penal para cultivar o distribuir. Se examina el funcionamiento real y las conductas realizadas.

Es un error sobre la ilicitud con requisitos estrictos. Su carácter vencible o invencible puede afectar a la pena o responsabilidad, pero no se presume por pertenecer a un club.

La naturaleza de la sustancia y otros datos relevantes deben probarse. Los análisis y la cadena de custodia pueden discutirse por la defensa.

Puede ser relevante para valorar cantidad efectiva, gravedad y otros aspectos del delito. Debe comprobarse el análisis y su alcance en la concreta imputación.

Pueden tener valor si se obtienen e incorporan legalmente y se atribuyen de forma fiable. Deben valorarse junto al resto de las pruebas.

No. Es un posible indicio dentro del conjunto, pero la acusación debe acreditar el delito y la participación individual.

Sí, si constituye una intervención consciente en el tráfico o favorecimiento. Deben examinarse el conocimiento y la aportación efectiva.

El Código Penal regula supuestos específicos de organización. Es necesario acreditar una estructura y los demás elementos previstos, no solo varios acusados.

El artículo 368 contempla una facultad de reducción en determinados casos, atendiendo también a las circunstancias personales y a las exclusiones legales.

No. Su relevancia depende de la afectación acreditada y de los requisitos de una eximente o atenuante; necesita evaluación individual.

Sí, existe un régimen específico para determinados delitos vinculados a dependencia, con requisitos de pena, certificación y tratamiento. No opera automáticamente.

Sí, en los supuestos legales. Debe justificarse la relación con el delito y respetarse las garantías de las personas afectadas.

Puede hacerlo. Deben analizarse autorización, motivación, ejecución y relación con otras pruebas; el efecto no se decide por una objeción genérica.

Atestado, actas de intervención, análisis, comunicaciones aportadas y documentación clínica o económica relevante permiten revisar prueba, finalidad y circunstancias personales.

La ley exige una manifestación libre mediante actos que expresen claramente la voluntad según las circunstancias. La ausencia de consentimiento es central en la tipificación.

No. El tipo no exige una resistencia heroica o lesiones. Deben examinarse consentimiento, contexto y las conductas probadas.

Sí. Los actos que atentan contra la libertad sexual sin consentimiento pueden ser delito aunque no haya penetración.

Puede serlo si, por su contenido y circunstancias, constituye un acto sexual no consentido. No todo contacto se califica de forma automática.

No. El consentimiento debe corresponder al acto y a sus circunstancias. Una relación previa no autoriza cualquier contacto posterior.

No. El vínculo no sustituye el consentimiento libre ni excluye la aplicación de los delitos contra la libertad sexual.

La ley incluye actos sexuales sobre personas privadas de sentido o con voluntad anulada en los supuestos previstos. Debe acreditarse la situación concreta.

No puede responderse solo por haber bebido. Deben valorarse la afectación real, la voluntad, la vulnerabilidad y las circunstancias del acto.

Sí, el Código Penal regula supuestos propios para menores de dieciséis años y otras conductas de protección. Edad y circunstancias deben comprobarse con precisión.

El artículo 183 bis contempla una excepción con requisitos de proximidad de edad y madurez y exclusiones legales. No debe aplicarse sin revisar el caso.

El artículo 184 contempla la solicitud de favores sexuales en determinados ámbitos que provoca una situación objetivamente intimidatoria, hostil o humillante, con modalidades agravadas.

Sí puede ser posible. Debe estudiarse la prescripción según delito, edad de la víctima y legislación aplicable; no todos los plazos empiezan igual.

No como condición universal. La investigación puede utilizar declaraciones, mensajes, testigos y otras pruebas; la atención y documentación sanitaria pueden ser importantes.

No por sí sola. La ausencia de lesiones debe valorarse con el tipo de hecho, el tiempo y el conjunto de pruebas.

Puede tener valor de cargo si se practica con garantías y se valora motivadamente. No implica credibilidad automática ni elimina el control de suficiencia probatoria.

Sí, pueden acordarse medidas de protección justificadas, incluidas prohibiciones de aproximación o comunicación, según los requisitos y el riesgo apreciado.

No. La absolución por duda o falta de prueba no acredita por sí misma los requisitos de una acusación falsa.

La legislación cambió en 2022 y después tuvo otras modificaciones. Las fichas históricas deben leerse según la ley aplicada a sus hechos y las reglas de favorabilidad.

Mensajes completos, datos de testigos, localizaciones obtenidas lícitamente y documentos relevantes. No alteres archivos ni contactes con la persona protegida incumpliendo medidas.